La Eurocámara exige medidas contra la “especulación” alimentaria
El Parlamento Europeo aprobó la pasada semana un informe sobre los precios de los alimentos en la UE, en el que se exige que se apliquen medidas para combatir la especulación en la cadena alimentaria, responsable de que los agricultores tengan bajos ingresos mientras que los consumidores se enfrentan a altos precios.
En su informe, la Eurocámara propone un sistema de seguimiento del mercado; la creación de una base de datos con precios de referencia; el fomento del asociacionismo entre los productores y el consumo de productos locales; que el comercio justo se controle y desarrolle en el marco de una estrategia a escala europea, dado que «los minoristas pueden aprovecharse de etiquetas de este tipo para incrementar sus márgenes de beneficio».
Según el texto del Parlamento, la causa de este incremento en los precios reside fundamentalmente en la creciente concentración a lo largo de la cadena de distribución de alimentos, el grado de transformación de los productos y «la especulación sobre los productos agrícolas básicos».
Como señala la ponente del informe, la socialista griega Katerina Batzeli, «los precios pagados por los consumidores europeos son, de promedio, hasta cinco veces superiores a los precios a la salida de la explotación». En este sentido, señala que hace 50 años los agricultores europeos «percibían aproximadamente el 50% del precio minorista y que desde entonces a hoy esta proporción —junto con una transformación de los alimentos notablemente mayor— ha ido disminuyendo rápidamente».
También señala que «las grandes empresas tienen ventajas económicas claras y notorias (economías de escala y de alcance) que les permiten reducir los costes y, por ende, los precios», y reprocha a la Comisión que obvie los efectos distorsionadores en el mercado que tiene «el abuso de posición dominante que se observa en el sector minorista y, en cierta medida, en el sector mayorista». Por ello pide que, dentro de la Red Europea de Competencia (REC), se coordinen las medidas de los Estados miembros para investigar las prácticas anticompetitivas aplicadas por las empresas comunitarias.
