Desacuerdos en las plataformas digitales con la “ley rider”

La "Ley Rider" llega al Consejo de Ministros. Agunas plataformas muestran su desacuerdo con una norma que se aleja del impulso a la difitalización empresarial y crea "inseguridad jurídica"

Según un comunicado del Ministerio de Trabajo que preside Yolanda Díez,  esta ley “esclarece la situación laboral de las personas trabajadoras dedicadas al reparto o distribución de cualquier producto de consumo o mercancía a través de plataformas digitales”.

Las plataformas tendrán tres meses de plazo desde su publicación en el BOE para dar de alta en el régimen general de la Seguridad Social a los trabajadores

 

Adigital

Desde Adigital, han querido manifestar su “profundo desacuerdo con la propuesta realizada por el Gobierno para la ley de plataformas digitales”. En el momento actual,  es más necesario que nunca, “dotar de seguridad jurídica a las empresas digitales e impulsar la digitalización empresarial, pero el planteamiento de esta normativa consigue todo lo contrario”

El comunicado de Adigital incide en el hecho de que en España conviven varios modelos de plataformas.  Por eso, advierten “es aún más necesario promover una regulación inteligente y flexible, capaz de ofrecer mayor protección a los trabajadores sin convertirse en una barrera para la innovación y la competitividad de nuestra economía.

Tal y como está redactada, la norma solo generará incertidumbre en el sector. Un hecho determinante en un momento de recesión como el actual en el que la digitalización ha probado ser clave para la supervivencia de muchos negocios.

Adigital hace extensible el daño que puede producir una regulación de este tipo no solo a las plataformas digitales de delivery, sino “a todas las empresas cuya actividad ha pasado a depender o se ha visto impulsada en mayor o menor medida por ellas, como ha sucedido en el caso de numerosos restaurantes y comercios minoristas”

La inseguridad jurídica derivada de esta norma está también relacionada con la propuesta de que estas empresas tengan que desvelar sus algoritmos, lo que, además vulnera el secreto comercial y la propiedad intelectual de las empresas, añaden, Esta medida, por cierto, afectaría no solo a las plataformas digitales de delivery, sino al resto de empresas. En este sentido, creemos conveniente reevaluar el impacto de esta obligación sobre la tan necesaria digitalización de las empresas españolas.

Stuart puntualiza

Stuart, una de las principales plataformas implicadas en la ley, ha emitido también un comunicado “con el objetivo de puntualizar a la Asociación de Plataformas de Servicios bajo demanda (APS) ” Los puntos concretos son los siguientes:

Desde Stuart consideran que  “la falta de apoyo de CEOE  hacia las plataformas, ha provocado que finalmente no se haya adoptado ninguna de las propuestas del sector del reparto de comida a domicilio”

En este sentido, muestran su preocupación por el futuro del sector “y el efecto negativo que puede tener una laboralización forzosa, tanto para nuestros clientes, como para los mensajeros colaboradores. Esta decisión va a debilitar ineludiblemente a el pequeño y mediano comercio, los principales clientes de Stuart en España, pudiéndoles causar un daño definitivo tras las restricciones que están viviendo a causa de la pandemia mundial y poniendo en peligro un sector que aporta 700M al PIB nacional”

Asimismo, en Stuart no comparten  la decisión “de ir en contra de la corriente europea -con Francia como mayor ejemplo- donde sí se está legislando a favor de la economía digital y donde se están incluyendo mayores protecciones para los repartidores autónomos”

Manifiestan no obstante que  la compañía “seguirá operando con normalidad y se adaptará a la legislación vigente, acatando las pautas marcadas en el nuevo decreto ley”