Acciones legales de la cadena agroalimentaria, contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas

Los sectores de la producción agraria, la industria agroalimentaria, la distribución comercial y la restauración, continúan con las acciones legales contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas envasadas.

Así, las asociaciones que representan a cada uno de los sectores, presentarán de forma conjunta un recurso contencioso-administrativo contra el Reglamento del citado  impuesto en Cataluña. Los firmantes de la acciones legales consideran que «el tributo rompe la unidad de mercado y pone en riesgo los principios de territorialidad fiscal que rigen en la Constitución y en el modelo de financiación autonómico».

Tras el estudio sobre la constitucionalidad del impuesto elaborado por Uría Menéndez,  las asociaciones del sector agrario (ASAJA, COAG, UPA), Cooperativa Agroalimentarias,  AECOC, de la industria (FIAB y PROMARCA), de los sectores de la distribución  (ANGED, ASEDASACES), y de la restauración (Marcas de Restauración), tienen argumentos claros para recurrir en lo contencioso administrativo el Reglamento del impuesto.

Esta norma, que vulnera principios tan relevantes como el de territorialidad, obstaculización de la libre circulación de mercancías y servicios en el territorio nacional, el principio de prohibición de doble imposición no coordinada, de seguridad jurídica, el de igualdad y no discriminación, y la libertad de circulación de mercancías, entre otros, genera a la cadena agroalimentaria que opera en Cataluña una pérdida de competitividad por las cargas desproporcionadas que suponen para las empresas y la consecuente inseguridad jurídica.

Por otra parte, este impuesto incumple el Derecho de la Unión Europea por lo que también se está valorando presentar una queja a la Comisión Europea.

Consecuentemente, los sectores de la producción agraria, la industria agroalimentaria, la distribución comercial y la restauración continúan con todas las acciones legales a su alcance contra el impuesto catalán a las bebidas azucaradas envasadas, para frenar una norma, de carácter fundamentalmente recaudatorio, y que afecta muy negativamente a un sector motor de la economía española y primer sector industrial del país.