Los camioneros piden más medidas para afrontar la crisis energética

El Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) ha mostrado su disconformidad con las medidas planteadas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio del Gobierno, al considerarlas insuficientes por no corregir el incremento de los costes que acumulan las empresas. 

Según ha informado el organismo, que agrupa a las principales asociaciones del transporte, han fijado el 27 de marzo como fecha límite para introducir cambios y reclaman una nueva reunión con los ministerios de Transportes, Economía y Hacienda. De no corregirse con un segundo paquete de medidas, no descartan movilizaciones. 

Uno de los principales puntos de fricción es la bonificación al combustible anunciada por el Gobierno. El CNTC sostiene que la ayuda efectiva se reduce a unos 15 céntimos por litro al descontar los 5 céntimos correspondientes al gasóleo profesional y, además, alerta de que no existe garantía de que ese descuento llegue íntegramente al transportista. 

También advierte de que, si se integra en los mecanismos de revisión de precios, podría derivar en una rebaja forzada de tarifas en un contexto de escalada de costes.

El sector insiste en la necesidad de reforzar de forma estructural el sistema de gasóleo profesional y de implantar una cláusula de indexación más flexible que permita ajustar con mayor rapidez el peso del combustible en los costes de explotación. Reclama revisiones diarias o, al menos, semanales para evitar que las empresas asuman en solitario la volatilidad del mercado energético.

Según los datos del Comité, cada camión soporta un sobrecoste cercano a los 600 euros semanales en combustible, lo que eleva el impacto agregado a unos 450 millones de euros para el conjunto del sector. En ausencia de mecanismos ágiles de actualización de precios, este sobrecoste está siendo asumido directamente por los transportistas.

Y hace un llamamiento a los cargadores para que apliquen correctamente la cláusula del gasóleo y recuerda la prohibición de operar por debajo de costes recogida en la normativa vigente.