El Senado da luz verde al proyecto de ley de la cadena alimentaria

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación Luis Planas, cita al conjunto del sector para comentar la aprobación de la ley y “discutir y conversar sobre el momento actual, analizar los problemas y ver las soluciones”

El proyecto de ley, que prohíbe la venta a pérdidas, introduce varios cambios antes de devolver el texto al Congreso para su aprobación definitiva. La nueva norma beneficiará a agricultores y ganaderos, y les permitirá obtener una remuneración digna por sus productos.

En total, se han presentado 210 enmiendas en la Cámara Alta y, de las votadas en el pleno por separado, sólo han sido aceptadas dos, como recoge un artículo de Efe. Se tratan de una del Grupo Popular que recoge las condiciones de los pactos entre proveedores y compradores sobre actividades promocionales, y la otra de Compromís, sobre el plazo de seis meses para la entrada en  vigor de determinadas obligaciones de las cooperativas y otras asociaciones.

En la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación de la semana pasada, los grupos habían incorporado en el informe de la ponencia otras enmiendas, las cuales finalmente han sido aprobadas en bloque en el pleno por 125 síes, 18 noes y 13 abstenciones.  Por otra parte, los senadores han dado su visto bueno al resto del proyecto de ley por 120 votos a favor, 19 en contra y 117 abstenciones.

El Gobierno se reunirá con el conjunto del sector

Cinco días más tarde de la aprobación del Senador del proyecto de ley de la cadena alimentaria, el ministro Luis Planas ha anunciado que se reunirá el 29 de noviembre con el conjunto del sector, organizaciones profesionales agrarias, cooperativas, industria y distribución, para comentar la aprobación de la ley y para “discutir y conversar sobre el momento actual, analizar los problemas y ver las soluciones”.

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación ha asegurado en un foro organizado por la agencia Efe y KPMG que el Gobierno está plenamente comprometido con el cumplimiento de la Ley de la Cadena, cuya reforma, que está a punto de culminar su tramitación parlamentaria, ha sido una “demanda del sector y va a ser una gran oportunidad para reequilibrar el reparto de valor de una forma más justa entre los distintos eslabones”. 

La nueva norma mejorará la capacidad de negociación del eslabón más débil, que son agricultores y ganaderos, y les permitirá obtener una remuneración digna por sus productos. El ministro ha recalcado el compromiso firme del Gobierno en su aplicación “con todos los participantes en la cadena”. Ha destacado que “es una gran oportunidad para reequilibrar la cadena y para que todos los eslabones participen en la generación de valor, para caminar hacia adelante teniendo un rumbo”.

Segunda fase de la reforma de esta ley

La ley de la cadena alimentaria superó el 17 de noviembre el trámite en el Senado, espera sea aprobada definitivamente la próxima semana en el Congreso. Se trata de la segunda fase de la reforma de esta ley, que se inició mediante un decreto-ley en febrero de 2020, cuando se introdujo la obligatoriedad de que los precios de venta de un productos sean como mínimo iguales a los que cuenta producirlos,  de que las operaciones queden reflejadas en contratos por escrito. 

En la segunda fase, se ha incorporado la directiva del Parlamento Europeo sobre “prácticas comerciales desleales en la cadena de suministro de alimentos” al objeto de amparar a los agricultores y ganadores españoles en sus relaciones con operadores nacionales, europeos y de terceros países. 

Planas también ha mencionado la nueva Política Agraria Común (PAC), con unos fondos de 47.724 millones para el periodo 2023-27; el PRTR, que en el componente para el sector primario que gestiona el Ministerio de Agricultura Pesca y Alimentación (MAPA) dispone de un presupuesto de 1.051 millones de euros, y el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE) Agroalimentario, cuya memoria se aprobará a finales de este año o principios del próximo.