El impuesto al plástico ya penaliza a la industria española, según Deloitte

El Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables, en vigor en España desde enero de 2023, ya está teniendo un impacto negativo sobre la competitividad de la industria nacional, según un informe de Deloitte recogido por Europa Press. El análisis sostiene que España es el único país de la Unión Europea que aplica actualmente este tributo, una singularidad que estaría penalizando a los productores nacionales frente a competidores exteriores.

De acuerdo con esa información, el gravamen no solo afecta al sector del plástico, sino también a buena parte del tejido productivo que utiliza este tipo de envases para embalar y trasladar mercancías. El efecto se traduce en un aumento de costes y en una mayor carga administrativa para las empresas, en un contexto en el que otros mercados comunitarios no soportan una figura equivalente.

Favorece a importadores

El informe apunta además a que la entrada en vigor del impuesto coincidió con un incremento sostenido de las importaciones de productos incluidos en su ámbito, especialmente desde Brasil, Arabia Saudí y Egipto. Según Deloitte, este cambio ha favorecido a los importadores frente a los fabricantes españoles, hasta el punto de alterar las condiciones de competencia en categorías como el film estirable, un material esencial en entornos industriales.

En ese segmento, el documento explica que las importaciones se adelantaron de forma masiva durante 2022 para esquivar la nueva carga fiscal, lo que elevó un 31,8% interanual las entradas de producto, hasta 95.200 toneladas. Ya en 2023, las ventas y la producción de las empresas nacionales habrían caído entre un 20% y un 30% respecto al año anterior.

Deloitte también advierte de una segunda derivada: la llegada masiva de film estirable importado certificado como plástico reciclado, con porcentajes cercanos al 90% en muchos materiales. El informe pone en duda esos niveles y considera que deberían limitarse al 30%, lo que alimenta las sospechas sobre posibles prácticas fraudulentas.

La consecuencia directa, según los datos recogidos por Europa Press, es una fuerte brecha de costes. En el caso del producto nacional, el precio medio se sitúa en torno a 2,27 euros por kilo con el impuesto incluido, frente a 1,19 euros por kilo en el material importado desde países como Arabia Saudí, Egipto o Brasil. Esa diferencia supone entre el 25% y el 30% del precio final y, de acuerdo con Deloitte, está expulsando progresivamente del mercado a los fabricantes españoles.

El informe concluye que el tributo ha golpeado de lleno la competitividad del sector transformador del plástico y ha agravado los costes operativos y administrativos de múltiples actividades productivas. También alerta de un posible efecto indeseado sobre la sostenibilidad, al favorecer el uso de envases mixtos de papel y plástico, más difíciles de reciclar.

Otro de los problemas señalados es la dificultad para verificar técnicamente el contenido reciclado de los envases. Aunque la ley contempla supuestos de no sujeción al impuesto para determinados materiales reciclados, el informe sostiene que hoy no existe un método físico o químico que permita comprobarlo con seguridad.

Ante este escenario, Deloitte plantea reformas legales, técnicas y operativas para mejorar la eficacia recaudatoria, reforzar la seguridad jurídica y alinear el impuesto con su finalidad medioambiental.

El impuesto

El Impuesto Especial sobre los envases de plástico no reutilizables es un tributo indirecto de carácter medioambiental, creado por la Ley 7/2022 y en vigor desde el 1 de enero de 2023, que grava la utilización en España de envases que contienen plástico y no están diseñados para ser reutilizados. En concreto, el impuesto se aplica a la fabricación, importación o adquisición intracomunitaria de estos productos y toma como base imponible los kilogramos de plástico no reciclado que incorporan.

Su objetivo es incentivar la economía circular, reducir la generación de residuos y fomentar el uso de materiales reciclados, trasladando el coste fiscal a la cadena de valor —y, en última instancia, al precio final— para desincentivar el uso de plásticos de un solo uso.

El impuesto fija un tipo de 0,45 euros por kilogramo de plástico no reciclado en los envases.